Hasta dónde llega el derecho a la libre expresión en Puerto Rico vuelve a estar en la mirilla, ante intentos del Gobierno de limitarlo y reclamos ciudadanos para impedirlo.
La Constitución de Puerto Rico protege el derecho a la libre expresión, pero esa protección no es absoluta.
La legislatura acaba de convertir en ley una medida -PS 1505-, bautizada como 'enmienda a Tito Kayak' por la manera que tiene dicha persona para manifestarse, que establece como delito el paralizar los trabajos de alguna obra, una de las formas de protesta utilizadas hasta ahora.
A esa medida pudieran sumarse otras dos que están ante la consideración de la Legislatura y que influyen en los recursos que tienen los ciudadanos para expresarse. Una de ellas permite la expropiación de las comunidades sin que haya vistas públicas. La otra elimina el requisito de la consulta de ubicación en caso de una expropiación.
La mayoría de estas medidas giran en torno a la construcción. La nueva Ley de Permisos, específicamente en su Artículo 14, impone “una fianza suficiente para cubrir todos los daños que pudiera ocasionarse a la parte demandada” a todo aquel que solicite que le revoquen los permisos o se paralicen esas obras.
Y a eso se suma una serie de incidentes como los ocurridos a mediados de este año y en los que se restringió el acceso a los trabajos en las Casa de las Leyes. A pesar de las múltiples gestiones para conseguir una reacción, tanto de La Fortaleza como de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, éstos no contestaron la petición.
La Comisión de Derechos Civiles, a través de su presidente, José I. Irizarry, señaló hay que ver independientemente todas estas situaciones en las se puede reclamar violación al derecho a la libre expresión.
“No podemos generalizar”, sentenció Irizarry, quien se reservó opinar si existe un patrón gubernamental de coartar la libre expresión. La Comisión de Derechos Civiles investiga los incidentes ocurridos en el Senado hace unos meses.
La libertad de expresión, destacó Irizarry, “no protege ni la intimidación ni la violencia” porque no sería choque de ideas sino de fuerzas. Por eso la Comisión avaló el Proyecto del Senado 1505. Dijo que esa medida “establece un balance entre la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada”.
¿Y qué recursos le quedan a la ciudadanía para manifestarse? Los ciudadanos pueden hacer piquetes y pueden acudir a la desobediencia civil, pero esta última conlleva la comisión de delitos y tienen sus consecuencias.
El abogado Pedro Malavet Vega, profesor de derecho y escritor de varios libros sobre el tema, no tenía dudas de que el “actual poder político está haciendo gestiones para coartar la libertad de expresión”.
La situación ni es nueva ni exclusiva de este gobierno. Explicó que se ha repetido en la historia del País y que la han implementado los dos partidos que han estado en el poder.
¿Por qué atentar contra la libertad de expresión? “La libertad de expresión critica las actuaciones que son incorrectas, y eso les lastima... (El Gobierno) no hace caso de la Constitución, ni de las reglas que hay para proteger esa libertad”, dijo.
La libertad de expresión, resaltó, “es la única defensa que tiene el pueblo y los primeros que no se la defienden son sus representantes legislativos”.
¿Por qué la inclinación a coartarla? “Su temor es a perder el poder, porque si se les critican sus actuaciones corren el riesgo de que los votantes se percaten de los abusos que comete el Gobierno, el estado, y los saquen de poder”, respondió.
Pero para el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, integrante del grupo Ciudadanos del Karso, las actuaciones del Gobierno lo único que buscan es legalizar el que los ciudadanos no reclamen sus derechos ante los foros correspondientes. Como ejemplo destacó la nueva Ley de Permisos que exige pagar una fianza a los que soliciten paralizar una obra.
“Bajo la nueva ley de permisos, para efectos prácticos, ya uno no cuenta con el recurso judicial para hacer un reclamo legítimo porque no han limitado a solamente poder ir al Tribunal Supremo mediante el recurso de certiorari, y ese recurso es discrecional. El juez, sin entra en los méritos, puede determinar un no ha lugar”, señaló Rivera Hernández, quien destacó que a eso se añade el que ahora serán cinco y no 30 los días entre el anuncio de vista pública y la celebración de la misma.
“Vemos que por todos lados les están quitando derechos a los ciudadanos... Cada vez están arrinconando más al ciudadano”, indicó.
La socióloga y profesora universitaria, Sonia Benítez, coincidió con Rivera Herrera. Dijo que el PS 1505 persigue “criminalizar la libre expresión” y convertir a los objetores en “violadores de la ley”.
Benitez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, una entidad de la cual multaron cinco mujeres por pintar un mural contra la violencia machista, acusó al Gobierno de buscar “silenciar” a todo un grupo de organizaciones no gubernamentales, de base comunitaria.
La situación surge, según Benítez, de un gobierno que “no quiere oposición” a sus planes, como un “menosprecio” a la participación ciudadana y como una “prepotencia”.
Pero esas restricciones no los amilanan. “Vamos a tener que seguir en la lucha, en la batalla. No hay otra opción. No nos podemos quedar de brazos cruzados.... y ciertamente, hay un embate del Gobierno para apoderarse de todas las instituciones, incluyendo los tribunales”, dijo.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo Martínez, reconoció que observa “un patrón” en el que cada día hay más restricción a la libertad de expresión aun cuando es inconstitucional coartar ese derecho.
“Los mismos incidentes frente al Capitolio, donde no se permitían a la personas ir a las gradas, son manifestaciones graves, con consecuencias de golpes y exceso policiaco”, recordó. “Toda esta legislación es un patrón que está observando el Gobierno actual en contra del derecho más fundamental de los ciudadanos”, dijo.
Explicó que estas medidas, ante los anuncios de grandes proyectos que ya cuenta con la objeción de sectores de la sociedad, no tienen otra razón de ser que “desarrollar proyectos y beneficiar grupos específicos”.
El Colegio de Abogados tiene un cuerpo de observadores que continuará acudiendo y vigilando estas violaciones. “Exhortamos a que se denuncien las violaciones”, pidió Toledo Martínez.
Mi opinión es que este bochornoso gobierno se está preparando para lo que le espera de ahora en adelante ya que van 2 años intentando gobernar y no dan pies con bolas. Lo único que se le ocurre a esta claque es tratar de hacer leyes para oprimir a la gente que se exprese en su contra. Y por que hacen esto? Porque ya vienen los últimos 2 años de gobernación y es ahora que el gobierno comienza a hacer proyectos para pagar favores políticos disfrazados de proyectos para beneficio del pueblo. Recuerden que Flojuño ha vendido a P.R a los ricos como le ha dado la gana; solo gobierna para los ricos que aportan a su campaña de reelección. Entonces, el pueblo ya cansado de tanto traqueteo de parte del gobierno protestará e impedirá que se lleve a cabo el chanchulleo. El gobierno sabe lo que le espera y hace leyes para prácticamente quitarle el derecho a la gente a protestar. Por ejemplo, el gasoducto se lo quieren meter a la gente por ojo boca y naríz. Ya veran el crical que se va a formar para poder hacer un proyecto que nada tiene de vía verde, que no nos trae un ahorro significativo y sobre todo, que nos pone en peligro. Mira tu factura de luz la propaganda del gasoducto para que veas cuanto te ahorras por arriesgar que nuestros culitos vuelen en cantos. Mi humilde opinón es que este gobierno ya es una semi-dictadura !
